* La cohesión social en tiempos mutantes: algunos desafíos.

Introducción

La cohesión social en México ha estado siempre bajo acoso. En el curso de su historia, a pesar de una rica y vasta experiencia en creación e innovación institucional, el país ha encarado múltiples episodios convulsos que han puesto en peligro las formas de convivencia social acuñadas y han llevado, en ocasiones, a una reversión en materia de organización política, con el propósito, o el pretexto, de recuperar la cohesión social y nacional perdidas. En la actualidad, como un resultado mayor del agotamiento de la forma de desarrollo puesta en acto en los años treinta y cuarenta del siglo que termina, es posible detectar nuevas y poderosas tendencias a la dislocación productiva y regional, lo que inevitablemente pone en jaque los mecanismos de articulación sectorial y comunitaria que el Estado post revolucionario propició o implantó a lo largo de décadas.

Las crisis económicas que han marcado el final de la forma de desarrollo anterior, han tenido lugar en un contexto de rápida modernización de estructuras e instituciones, lo que por lo pronto ha acentuado aquellas inclinaciones a la dislocación económica y social. Los costos humanos de estas crisis, el cambio en la estructura de la población heredada de la explosión demográfica de los años setenta, los rezagos sociales acumulados, y las fuerzas centrífugas asociadas a la globalización, han convertido a la sociedad mexicana como lo ha señalado Clara Júsidman, en una sociedad tan plural, tan desigual, tan heterogénea y sumamente compleja que ha experimentado un proceso creciente de segmentación social en donde sus componentes no se comunican, no comparten proyectos y varios se sientes excluidos¹.

Sin embargo, estos factores que llevan a la pérdida de cohesión social han impulsado también una conciencia colectiva sobre la necesidad de revertirla. Dentro del Estado y en los más diversos estadios de la sociedad civil, en la academia y hasta en el mundo de los negocios y de los organismos financieros internacionales, se advierte sobre la peligrosidad de esas tendencias mientras que los grupos más vulnerables y vulnerados por el cambio y las crisis se buscan refugios y formas de existencia que les permitan no sólo sobrevivir sino crear condiciones para aprovechar productivamente el cambio. Estos grupos, en efecto, demandan hoy no sólo el cumplimiento de los "derechos sociales del pueblo mexicano", a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda, como lo consigna la Constitución, sino nuevos y diversos bienes y servicios sociales vinculados a valores universales como la equidad, la igualdad de oportunidades, la tolerancia, y el reconocimiento. Estas demandas, como se comprenderá fácilmente, hacen más compleja la exigencia tradicional de justicia social, pero nos acercan a una comprensión más actual y realista de lo que la cohesión social puede ser y significar en el futuro.

Los reclamos de una sociedad más crítica y autónoma, llevan a una redefinición de funciones de los distintos actores sociales, y le plantean al Estado nuevas exigencias de calidad en sus acciones y, sobre todo, su oportuna intervención para el cumplimiento de su responsabilidad social. En esta perspectiva, que reintroduce el tema de lo que el Estado debe hacer y en dónde debe intervenir, la definición y redefinición de lo público y lo privado adquiere, de nuevo, una importancia histórica central ².

La distinción entre ambos es fundamental siempre, pero en el presente se ha vuelto estratégico. Precisar los ámbitos que son propios del quehacer privado, así como lo que concierne a los intereses generales que requieren la intervención gubernamental, junto con el grado de dependencia e interdependencia entre ambas partes, es indispensable para definir nuevas formas y normas de autonomía y subordinación de la sociedad frente al Estado, en una época en la que la cooperación más amplia entre los actores es un requisito esencial para el desarrollo y el bienestar de las naciones.

En México se dio una relación de estricta y abierta subordinación de la sociedad respecto al Estado³, que se justificó y legitimó por los objetivos generales de cohesión nacional y social, que no se habían podido alcanzar durante las primeras décadas de la vida independiente y habían sido puestos al margen por la revolución y la guerra civil de las primeras décadas del Siglo XX. No se trató de una simple imposición basada en la fuerza, sino más que nada de un conjunto de mecanismos de negociación e inclusión social que le dieron un carácter consensual a una forma de gobierno que era a todas luces autoritaria y luego se volvió excluyente.

Este acuerdo histórico entre el gobierno y los sectores populares, en el que se intercambiaba bienestar social por apoyo político se resquebrajó en los últimos lustros. Hoy, al calor de la democracia que ha emergido, lo que se busca sobre todo son nuevos equilibrios sustentados en una mayor horizontalidad de los convenios, políticos y sociales. Es en estos equilibrios renovados, dónde habría de descansar la cohesión social que se quiere recuperar, pero más que nada afianzar y renovar. Así, desde la perspectiva de nuestro tema, el reto para el país en los próximos años radica en la capacidad que se tenga para encontrar y fincar institucionalmente, nuevas formas de interlocución, organización y representación entre el mercado, el Estado y los actores sociales tradicionales y emergentes.

En este trabajo se busca mostrar los alcances de la segmentación social a que ha llevado el intento de implantar como realidad única o dominante, el libre mercado. A partir de la exposición de factores económicos, sociales y demográficos, se quiere ilustrar la necesidad de desarrollar nuevos y más ágiles sistemas de protección y promoción de oportunidades colectivas e individuales, como un requisito para lograr una efectiva integración social. En este empeño, la política social deberá orientarse precisamente en un sentido integrador, mediante estrategias y proyectos, así como leyes y demás instituciones, que consideren simultánea y prioritariamente el principio de universalización sin abandonar la atención especial y urgente a los grupos sociales y regiones más rezagadas, que hoy conforman un enorme contingente donde privan la penuria absoluta y el desaliento comunitario.

En la búsqueda de una sociedad cohesionada a la vez que dinámica, la superación de la pobreza se ha vuelto un reto ético y político, y una asignatura que el país debe cursar de manera extraordinaria e inmediata. Lo que está ya en juego, no es sólo la eliminación de una lacra vergonzosa, sino el romper los pesados canales de reproducción de la pobreza y su transmisión entre las generaciones. Un futuro de pobreza, como lo anuncia el presente, es incompatible con la imagen de un México estable y progresista que unifica hoy a las más diversas inspiraciones políticas que la democracia ha hecho surgir. Nada tiene que ver ese futuro indeseable, con la cohesión social mínima que cualquier nación de la actualidad requiere para navegar con éxito en los mares convulsos de la globalización.

Sin perder de vista el carácter integral que debe tener la construcción de una nueva cohesión social-nacional, ni las agudas dimensiones demográficas, étnicas y de género que tienen la desigualdad y la pobreza "modernas", parece claro que en las actuales condiciones del país, toda estrategia de desarrollo social debe tener dos pilares fundamentales: educación y empleo. Lograr que ambos se den de modo combinado y se interfluyan, es la gran cuestión que enfrentarán quienes diseñen las políticas y asignen recursos.

La educación permite incidir directamente en la integración social. Sin embargo los efectos potenciales de la educación se despliegan en el largo plazo, y lo que es más importante, no se concretarán si no hay una dinámica generación de empleos de calidad. La generación sostenida de empleos que cuenten con una adecuada protección social, tendrá que convertirse en un foco fundamental de preocupación de la cuestión social.

La ciudadanía implica un compromiso recíproco entre el poder público y las personas, pero también de las personas entre sí. La participación social como una forma de integración social y legitimación política no puede dejar de lado, so pretexto de la urgencia o la emergencia, el fortalecimiento de una ciudadanía que se entienda y actúe como una participación efectiva de los individuos y los actores sociales en los asuntos públicos. Esta doble vertiente de la participación colectiva, es esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social.

La pérdida del sentido de pertenencia de las personas a la sociedad, de identidad con propósitos colectivos y de reconocimiento de la solidaridad como un valor indispensable, destaca la importancia crucial de fomentar lazos de comunicación y cooperación desde el Estado, pero también desde una sociedad civil en gran estado de flujo. Así el proceso de intervención pública se debe caracterizar por el diálogo abierto y multívoco, el intercambio organizado, el respeto a la diferencia. Es la conjunción de estos requisitos, más que el descubrimiento instantáneo o la adopción acrítica de fórmulas o recetas, lo que permitirá acercarse a formas organizativas de la población renovadas, que permitan, a la vez, dar respuestas eficaces a las múltiples necesidades que la diversidad galopante de estos años ha impuesto.

^* En los siguientes tres apartados donde se analiza la cohesión social en México, colaboro Angeles Palacios

¹ Jusidman, Clara, "La política de desarrollo social" en El Economista Mexicano, p. 219-226
² Para un análisis más profundo, véase a Aguilar Villanueva, Luis F., El estudio de las políticas públicas, (Estudio introductorio y edición), pp. 15-36.
³ Véase a Cordera Campos, Rolando, "Mercado y equidad: de la crisis del Estado a la política social" en Economía Informa, pp. 14-26.